lunes, 16 de noviembre de 2015

Fraude en Capitania.

Fraude en Capitanía (El hombre de la Leica)

capitaníaCapitanía es el nombre por el que se conocía en Pamplona al antiguo palacio de los virreyes de Navarra, donde el general Mola, entre marzo y julio de 1936, pergeñó el alzamiento militar que dio lugar a la guerra civil.
Ese podría haber sido el escenario de El hombre de la leica, de la que es autor Fermín Goñi, un popular comunicador pamplonés, pero la Capitanía de este libro no se parece gran cosa a la que allí hubo y ello porque su autor no se ha molestado en investigar ni el edificio ni a sus habitantes ni a sus vecinos de la época, entre otras muchas cosas, marcando con ello la tónica general de la obra.
Es falso que este libro sea fruto de una prolongada investigación, <<hasta la última coma>>, como lo es el reclamo publicitario de que este es el primer libro donde se publican los instrucciones reservadas de Mola, porque están publicadas en el de Arrarás ( págs. 447, 449, 453, 454-455, 456…).***
A setenta años vista del alzamiento militar de Mola se podría, cuando menos, desear que un trabajo de investigación tuviera como norte una visión crítica del momento y, sobre todo, del muy complejo o cuando menos oscuro personaje que fue el general alzado, y de su más inmediato entorno, y hasta de sus opositores políticos –socialistas, anarcosindicalistas, nacionalistas vascos…-, pero no, esta es una hagiografía más, pero cuajada de errores históricos, más graves unos que otros.
Como novela de recreación histórica el libro se viene abajo porque carece radicalmente de <<personajes>> y no hay recreación histórica que valga de los escenarios precisos de la época, del ambiente, de la ciudad, de su clima ciudadano, y de la España del momento.
MOLA Y LA GUARDIA CIVILEste hombre de la Leica nada añade a lo que ya se sabe del general Mola y de su momento histórico, ni tampoco aclara el papel y la personalidad de muchos otros personajes, que tuvieron su protagonismo aquellos días: Garcilaso, director del Diario de Navarra, el arquitecto Víctor Eusa, José Moreno (jefe territorial de Falange), Javier Agudo, Rafael Tejero, Luis Elío, SitoMonzón Repáraz (futuro secretario del PCE), el doctor Constantino Salinas… por no hablar de los militares directamente implicados. Por ejemplo, y solo es uno entre muchos: de los oficiales de Caballería presos en la ciudadela de Pamplona, ni palabra.
Como investigación histórica es aún peor, porque El hombre de la leica es una obra intercontextualizada a conciencia (hasta en el tono cuartelero). Basta comparar pasaje a pasaje, episodio a episodio, y hasta diálogo a diálogo, el libro de Goñi con los olvidados (y saqueados) de Félix Maíz (tanto el de 1952 como el de 1977), Iribarren (1937 y 1938), Arrarás (Historia de la Cruzada Española, Vol. III, T. XIII), Jaime del Burgo, Antonio Lizarza, Gil Robles, y hasta Jorge Vigón. El único que sale vivo de esta historia de fusilamientos es el coronel de Caballería Carlos Blanco Escolá, por una razón muy simple: su excelente trabajo abría perspectivas que no convenían al propósito del autor.
Pero lo más curioso son los cientos de desbarres léxicos que restallan con inusitada violencia, una página detrás de otra, acompañados de anacronismos grotescos: los soldados de Mola montan guardia en calles inexistentes (el autor ignora que allí precisamente estaba la Casa del Pueblo y el primer cuartel de los falanges, lo que es mucho ignorar), se celebran festividades litúrgicas ídem, se dibujan paisajes tal y como son ahora, no como eran en 1936 (por ejemplo, el entorno de la capilla de Eunate, p. 188); se reproducen erratas periodísticas jocosas (del Diario de Navarra del 20 de julio de 1936: primera columna de la izquierda, donde pone <<bandas de cornetas>>) o errores de detalle, como el de la graduación del oficial que figura en la página 25 del libro de Jaime del Burgo (1970); no se sabe localizar lugares importantes (como la emisora desde la que Mola soltó la muy breve alocución del 19 de julio que nunca puso por escrito con gran esfuerzo nocturno); el general cuando quiere orinar, defeca por la brava; se le entierra delante del <<féretro>> de un fallecido un año antes; se mata al general Miguel Núñez de Prado donde y cuando no muere; se ponen capuchinos en lugar de escolapios; si Mola va andando, se le hace ir en coche; todo el episodio de la detención de Pío Baroja (introducida en el libro sin venir a cuento) es erróneo; la descripción de los combates de julio-agosto-septiembre previos a lo toma de Irún son sonrojantes, la relación de Mola con los alemanes de la Legión Condor, es insuficiente… y así, las 476 páginas del libro. Y todo por una razón: porque da igual, exactamente igual.
En resumen, un libro que nada aporta a la figura histórica de Mola ni al personaje, pero colabora, y mucho, a la ceremonia quiosquera de la confusión histórica, porque no importa que sea un fraude literario, sino el reclamo, las ventas. Todo un ejemplo de por donde van los tiros de la recuperación literaria de nuestra historia inmediata. Incomprensible y lamentable.
*** Y por supuesto en Augurios, estallido y episodios de la Guerra Civil (Cincuenta días con el Ejército del Norte), de Joaquín Pérez Madrigal (El Jabalí), Ávila, Imprenta Católica de Sigiriano Díaz. 1936, que en este sí, en este se publicaron por primera vez.
Artículo publicado en ABCD las Artes y las Letras, de Madrid, 10 de diciembre 2005.
ADDENDA DE 2015: Este artículo junto a otros  dos,  publicados en Diario de Noticias, de Navarra, con fecha 6 y 13 de noviembre de 2005, me costó no volver a publicar en la editorial Espasa Calpe (Grupo Planeta) que, en venganza, no presentó unos meses después mi biografía de Pío Baroja (Pío Baroja a escena), dejando morir el libro sin campaña de promoción alguna.
La editorial Espasa Calpe sabía que el libro que iba a publicar era un bodrio y un prodigio de desvergüenza literaria. No le importó porque quería dar el pelotazo, aprovechando el 70 aniversario del comienzo del golpe del general Mola. Hay más y más miserable. Un distribuidor de Espasa en Navarra, le comentó al gran editor vasco Jorge Giménez Bech: “Que se joda, que se ha quedado sin editor”, me acuerdo como si fuera ahora, porque es ahora.
Quienes en el momento de la salida del libro de Goñi no se atrevieron a presentar en público ese bodrio –aunque la mona se vista de seda…–, lo hacen ahora porque su amigo, el periodista Fernando Pérez Ollo, de temible y acerada pluma, ya ha fallecido y no pueden incomodarse con él ni recibir sus collejas. En vida no se hubiesen atrevido. Todo un prodigio de ideología cenagosa y espíritu venal, la misma que adorna a su editor, a la agencia de publicidad que ha intervenido de manera poco o nada decorosa en burla de la Memoria Histórica, y a quienes desde la camorra aldeana jalean la publicación haciendo caso omiso a su contenido, pasando encima por progres izquierdistas que están por el cambio y otras zarandajas.                              Angel Varela Garcia.

domingo, 15 de noviembre de 2015

En Colombia.

La maravillosa Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, es una reserva indígena natural de 17 mil kilómetros cuadrados de extensión y es la montaña más alta del mundo a orillas del mar: 5.775 metros.

El lugar es un espectáculo no sólo por las características de la majestuosa montaña que se impone junto al mar caribe, sino porque es el hogar de los indígenas Kogui, para quienes la Sierra es “el corazón del mundo”. Para los Kogui, los “occidentales” somos sus “hermanos menores”, a los que aún hay que recordarles que la Tierra no se debe destruir.

La Sierra Nevada forma parte del Parque Nacional Tayrona, el hábitat de una gran cantidad de especies que se distribuyen en regiones con diferentes pisos térmicos que van desde el nivel del mar hasta alturas de 900 metros.

El lugar es tan impresionante que se ha convertido en un centro turístico por excelencia. Pero el impacto de las visitas ha sido tan fuerte que los indígenas solicitaron a las autoridades la prohibición del ingreso a turistas por un mes, pues aseguran que el lugar está plagado de malas energías.

Durante un mes (noviembre 2015) los indígenas someterán al parque a una profunda limpieza.

Dicha limpieza estará acompañada de ritos de purificación. Los indígenas piensan que el parque no sólo debe ser limpiado energéticamente sino también de desechos. Durante este tiempo, los únicos que podrán permanecer en el parque serán los indígenas. Ni siquiera los trabajadores del lugar turístico podrán pisar esos terrenos durante el mes de noviembre. Sin duda es un golpe para los turistas que pretenden visitar el lugar en esta época, pero es algo que ha debido pasar hace mucho tiempo y será sin duda un alivio ambiental para este paradisíaco y mágico lugar sagrado.
Quienes respetan la montaña y el parque, merecen ese espacio con ella. 
                                      Angel Varela Garcia.

jueves, 12 de noviembre de 2015

Cuando las Instituciones defendian el Euskera.

CUANDO LAS INSTITUCIONES DEFENDÍAN EL EUSKARA
A lo largo de la historia, las diferentes instituciones vascas han defendido el euskara como uno de los principales patrimonios de Euskal Herria. Desde el Consejo del Reino de Nafarroa, hasta las juntas y diputaciones, durante siglos se ha promovido la presencia de funcionarios que conocieran la lengua del país para que la ciudadanía, mayoritariamente euskaldun, pudiera participar en cualquier acto administrativo y recibiera educación en euskara.
PELLO GUERRA
Euskara_apertura
La defensa del euskara por parte de las instituciones vascas ha sido una constante a lo largo de los siglos. Así quedó en evidencia en las jornadas internacionales sobre “El euskara en las altas instituciones de gobierno a través de la historia” que se celebraron en la UPNA y de las que se han publicado recientemente sus actas en un libro con el mismo título.
Ese deseo de proteger y fomentar la lengua que hablaba la mayor parte de la población sobre la que gobernaban ya quedó patente en el siglo XVI. Mientras en la Nafarroa conquistada el euskara empezaba a ser perseguido por las autoridades españolas, en la parte del reino todavía independiente al norte de los Pirineos, los reyes de la dinastía Albret mostraban su sensibilidad hacia la lingua navarrorum. Así, en el Consejo Real, el conocimiento de la lengua vasca era «requisito indispensable para el desempeño de los principales oficios, como eran los de consejero y procurador general», al igual que el origen navarro, según señala el historiador Álvaro Adot. Esta norma se mantuvo vigente hasta 1624, cuando el citado órgano desapareció a consecuencia de la creación del Parlamento de Nafarroa durante el reinado de Luis XIII. En la nueva institución se suprimieron esos dos requisitos para formar parte de ella.
Ese modo de proceder del monarca formaba parte del proceso de integración de la Nafarroa independiente en Francia que había puesto en marcha el sucesor de Enrique III de Nafarroa y IV de Francia, y que puso fin al impulso que había recibido el euskara en ese territorio durante el gobierno de la dinastía Albret. En concreto, bajo su cetro se publicaron algunos de los primeros libros en lengua vasca, como el “Testamentu Berria” de Joanes de Leizarraga, que fue promovido por la misma reina Juana.
El texto de Leizarraga fue consecuencia de los nuevos tiempos que se vivían en el ámbito religioso. La Reforma propugnaba que las sagradas escrituras se tradujeran del latín a las lenguas vulgares para que el pueblo las pudiera entender. De esta manera se hacía patente una realidad lingüística que no se recogía de forma oficial, ya que la documentación de las distintas instituciones de esa época se recogía en latín, castellano, francés e incluso en occitano dependiendo de momentos y lugares, y donde no tenía espacio el euskara. Sin embargo, en la calle era la lengua predominante en la mayoría de los territorios, lo que exigía un proceso de traducción para que la población entendiera las decisiones de los distintos poderes.
Los sacerdotes como traductores. En este terreno de la mediación lingüística destacó el papel de los sacerdotes, ya que se manejaban en las dos lenguas. Al menos desde el siglo XIV, la Iglesia dispuso que «los fieles debían ser atendidos en su propio idioma. Por lo tanto, la casi totalidad de los curas, beneficiados y capellanes que ejercían en las comarcas vasco hablantes lo eran igualmente, independientemente de que además supiesen latín y castellano, o francés o gascón en su caso», según señala el historiador Juan Madariaga en la citada obra.
Aprovechando que el conjunto de la comunidad se reunía el domingo en la misa, los curas se encargaban de traducir al euskara y de dar a conocer desde el púlpito en esa lengua a sus feligreses disposiciones eclesiásticas y mandatos institucionales de las autoridades civiles (reales órdenes, mandatos de ayuntamientos sobre quemas de rastrojos, herencias, embargos, subastas...), para que nadie pudiera alegar ignorancia de los mismos. Esa mediación lingüística fue conocida como “publicata” y los sacerdotes cobraban de los ayuntamientos un promedio de unos 12 reales por año por las traducciones que tenían que ver con cuestiones relacionadas con las autoridades civiles. Este trabajo de traducción impulsado por los consistorios recurriendo a los sacerdotes se mantuvo hasta comienzos del siglo XIX, cuando las autoridades eclesiásticas pusieron fin a esa práctica.
Otro ámbito en el que también las instituciones vascas tuvieron en cuenta el uso del euskara fue en el de la Administración de Justicia. Así, en el Fuero Nuevo de Bizkaia (1526) se establecía que en los procesos judiciales, los testigos «que no supieren la lengua castellana, los examine y tome con otro receptor e intérprete». Ese derecho a la utilización del euskara por parte de la población en los procesos se recogía también en el fuero de Gipuzkoa de 1696, la Novísima Recopilación de los fueros de Nafarroa, los cuadernos de hermandad de Araba y las recopilaciones de Lapurdi y Zuberoa, según detallan los expertos Iñigo Urrutia y Xabier Irujo.
Los receptores de los tribunales eran los encargados de recoger los testimonios de los testigos inmersos en procesos judiciales y por ese motivo, en los pueblos vascongados era fundamental que conocieran euskara. Esa circunstancia hacía que los aspirantes a desempeñar ese cargo «debían ser examinados y aprobados en lengua vasca», según señala el experto Roldán Jimeno.
Ese dominio del euskara era fundamental para evitar inexactitudes y fraudes que podían derivarse del uso de intérpretes. Por ese motivo, se establecieron dos turnos de receptores: los romanzados y los que dominaban el euskara además del castellano. En Nafarroa, los primeros tenían como ámbito de actuación desde Tafalla hacia el sur y los receptores euskaldunes, desde esa ciudad hasta el norte. La división generó más de una disputa entre receptores, ya que los romanzados se quejaban de que los euskaldunes tenían más territorio de trabajo.
Esta situación se rompió en el siglo XVIII a consecuencia del centralismo de los reyes borbónicos. En 1766 se prohibió la impresión en otras lenguas que no fuera el castellano, al año siguiente se obligó a una enseñanza monolingüe en esa lengua a todos los niveles y en 1778 se impusieron comisarios romanzados en los pueblos vascongados.
Pulso por la educación. En el ámbito de la educación, ese afán por controlar desde el Estado la enseñanza para imponer el castellano entre los euskaldunes supuso la aparición de la práctica del “anillo escolar”. Esta consistía en castigar a los alumnos que hablaban en euskara. Un anillo era entregado al estudiante que había sido sorprendido hablando en lengua vasca y este podía deshacerse de él denunciando a un compañero que también hubiera empleado el euskara, y así hasta terminar la jornada. El último que tenía el anillo era castigado.
El problema se fue agravando porque esta práctica llegó a extenderse incluso fuera de la escuela, lo que motivó quejas por parte de los ayuntamientos. En un intento por proteger el euskara, los consistorios hacían todo lo posible por conseguir profesores euskaldunes, a los que incluso se animaba a enseñar en las dos lenguas, buscando el bilingüismo.
Esta competencia municipal que protegió el euskara en la enseñanza se vio amenazada en el siglo XIX por la ley de instrucción pública (1857), ya que implantó la estatalización del profesorado, aunque las diputaciones consiguieron mitigar en parte ese problema, de forma que se mantuvo el bilingüismo en la educación, según recogen Urrutia e Irujo.
Unos años más tarde, el euskara incluso llegó a convertirse en la lengua vehicular de la enseñanza. Fue durante la Segunda Guerra Carlista (1872-1876) y en esa época, la lengua vasca fue el idioma oficial de la Administración en la zona controlada por los partidarios de Carlos VII. Así, las juntas de instrucción de Bizkaia y Gipuzkoa marcaron sendas directrices para promover la enseñanza en euskara.
Pero la derrota carlista supuso la supresión de los Fueros en las Vascongadas, lo que eliminó los mecanismos empleados hasta entonces como cortafuegos al intento de aplicar un régimen monolingüe en la enseñanza. Ante esa amenaza, las diputaciones de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa reaccionaron formando un frente común para seguir contando con profesores bilingües. A pesar de ello, desde Madrid se continuó con la política uniformadora en favor del castellano y se siguió empleando el denigrante método del “anillo escolar”.
Tan solo en tiempos de la Segunda República española y a través del Estatuto para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, se recuperó el bilingüismo educativo, ya que el euskara se convirtió en lengua oficial en esos territorios junto al castellano. Pero la Guerra del 36 y la posterior dictadura franquista pusieron fin a esa situación, que se equiparó a la ya existente en Nafarroa.
Tras la muerte de Franco, llegarían el Estatuto de Gernika para la CAV (1979) y el Amejoramiento para Nafarroa (1982). En el primero de ellos, el euskara volvía a ser lengua oficial en ese territorio, mientras que en el caso navarro, tan solo se daba carácter oficial a ese idioma en las zonas vascófonas, cuestión que quedó regulada por la Ley del Vascuence de 1986, en la que se establecía la actual zonificación del herrialde.                            Angel Varela Garcia.

sábado, 7 de noviembre de 2015

Sol Sanchez.

Eco Republicano

Sol Sánchez: “Es indispensable nacionalizar los sectores estratégicos y crear la Banca Pública"

Sol Sánchez Maroto
La número dos de IU-Unidad Popular y ex dirigente de Attac España, Sol Sánchez Maroto es partidaria de nacionalizar los sectores estratégicos y crear una Banca Pública: "Existen informes que cuantifican en más de 80.000 millones los pagos ilegítimos al sector eléctrico, por lo tanto es indispensable nacionalizar los sectores estratégicos, porque hay ámbitos de los sectores públicos que no deberían estar a merced de los mercados. Cuando la vida se convierte en un bien cuantificable y financiarizable la muerte también tiene un precio bastante barato" así lo declara en una extensa entrevista que le hacen en el diario El País, donde afirma que "nacionalizaría Endesa, Iberdrola y Repsol".








Sol Sánchez, entiende que también es indispensable que se cree una Banca Pública, "porque si se quiere de verdad tener un proyecto transformador de la sociedad no puedes estar atado a los poderes fácticos como la gran banca", agregó.

El dirigente de Izquierda Unida Alberto Garzón y candidato de la plataforma Unidad Popular ─antes Ahora en Común─ a la Presidencia del Gobierno, en varias ocasiones también ha afirmado de la necesidad de nacionalizar las empresas estratégicas privatizadas: "Otros ya no hablan de ello, pero nosotros no tenemos miedo, hay que nacionalizar las empresas y acabar con el expolio de lo público, es un escándalo que Endesa, privatizada, haya repartido 14.000 millones de beneficios sin que Rajoy ni Montoro hayan dado explicaciones", según declaraciones a eldiario.es

Según Garzón, “No se puede tolerar que haya miles de familias que no puedan pagar la calefacción y padecen patologías derivadas de no tener una temperatura decente en casa. Hay que recobrar las empresas estratégicas, nacionalizarlas”
Sol Sánchez: “Es indispensable nacionalizar los sectores estratégicos y crear la Banca Pública"
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  • Date : 6.11.15
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75 años despues.......

75 años después de la Guerra Civil, aún quedan más de cien mil desaparecidos por desenterrar Los restos de Nicomedes Fernández, en la fosa común de El Álamo (Sevilla). (ARMH) El Gobierno presidido por Mariano Rajoy cerró hace dos años el grifo de las subvenciones para exhumaciones, nada más llegar al poder. España es el segundo país del mundo, tras Camboya, con más desaparecidos. Se ha exhumado a 6.300 de los 113.000 asesinados en la guerra y el franquismo. ECO  Actividad social ¿QUÉ ES ESTO? 81% 393 0       A. LARRAÑETA @alarranetaGoogle+ VICTORIA LUNA @viclunac07.04.2014 - 06:22h En las cunetas, en los bosques, junto a las tapias de los cementerios. En agujeros, enterrados como se da sepultura a los animales, hay todavía más de 100.000 civiles republicanos desaparecidos tras ser asesinados en la Guerra Civil y el franquismo. Cuando se acaban de cumplir 75 años del final de la contienda (el pasado 1 de abril), las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denuncian que desde hace dos años, cuando tomó posesión el Gobierno de Rajoy, no se ha concedido ni una sola subvención a la exhumación de fosas comunes. Fotogalería 6 Fotos Las fosas de la guerra civil Se han exhumado solo 6.300 desaparecidos de los 113.000 que se estima que hay La desaparición forzosa supone la violación de múltiples derechos humanos. Incluye tortura, asesinato y ocultación del cadáver. España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, tras Camboya, según la Asociación Jueces para la Democracia. Las investigaciones más precisas, avaladas por la Audiencia Nacional, contabilizan hasta 113.000 civiles desaparecidos, de los cuales se han podido exhumar y entregar a sus familiares a 6.300 en los últimos catorce años. "Hasta el año 2000 eran los familiares los que directamente, pico y pala en mano, iban a sacar de las cunetas a sus familiares. No fue hasta el año 2000 que empezaron a hacerse las exhumaciones de forma más profesional", explica Emilio Silva, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. El anterior Gobierno aprobó en 2006, un año antes de la Ley de la Memoria Histórica, unas ayudas públicas de hasta 60.000 euros por proyecto (que incluían varias fosas). "La ayuda que se recibía daba para pagar al arqueólogo, sus viajes o el hotel", explica Silva. Pero el grifo se cerró. "Quieren morirse tranquilos habiendo enterrado a su padre" Desde hace dos años no se concede ninguna ayuda a las exhumaciones con arreglo al Estado. Concretamente, desde que el Partido Popular llegó al poder en noviembre de 2011. Para paliarlo, algunas Comunidades Autónomas, como Navarra, han aprobado recientemente ayudas económicas a la apertura de fosas. Pero la mayoría de las exhumaciones siguen haciéndose gracias al trabajo voluntario. "Los motivos humanitarios que debía tener el Estado se suplen con gente que se siente recompensada con el ánimo que reciben de los familiares que, a pie de sepultura, les dicen que quieren morirse tranquilos habiendo enterrado a su padre o a su hermano", explica Silva. Hubo un tiempo en el que todo el monte estuvo lleno de cruces para los muertosNicomedes y Benito eran hermanos de Hipólita. El primero fue asesinado en la localidad sevillana de El Álamo un día después de entregarse al mando en 1938 para evitar las represalias a sus hermanas por su condición de sindicalista de la CNT. Benito había muerto dos años antes tiroteado en la Sierra de Nerva (Sevilla), donde se refugió tras el golpe. Cuando Hipólita estaba en el lecho de muerte, su hijo Santiago le prometió que los encontraría. Todo lo que se sabía es que Nicomedes estaba enterrado en una cuneta de El Álamo y Benito en algún lugar de la sierra. El 21 de noviembre de 2011 el equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica empezó los trabajos en El Álamo. Esa misma mañana, tras las catas y las zanjas, los familiares se fueron a comer. A la vuelta ya aparecieron los restos. Bastaron cuatro días para desenterrar a Nicomedes, junto a cuyo cuerpo se encontró el de otro cenetista, José María Martín García. La mayoría de exhumados son hombres de 30 a 45 años Nicomedes tenía 33 años cuando murió asesinado. Se había entregado el día antes, bajo la falsa promesa del mando de Queipo de Llanos de que nada debían temer quienes no tuvieran delitos de sangre pendientes. Como Nicomedes, la mayoría de los exhumados hasta la fecha en España son hombres (el 97% de los casos, según Emilio Silva) de entre 30 y 45 años. Santiago Fernández pudo el año pasado, finalmente —tras recibir los informes del forense— inhumar los restos de su tío Nicomedes junto a los de su madre, Hipólita. "Fue muy emocionante. Yo nunca conocí a mi tío, pero sí conviví con el dolor de mi madre por su pérdida", relata Santiago. Con su otro tío, con Benito, la familia está teniendo hasta la fecha peor suerte. "No sabemos exactamente en qué lugar del monte está enterrado. En la sierra se guarecieron muchos. Dicen que hubo un tiempo en el que todo el monte estuvo lleno de cruces para los muertos. Va a ser muy difícil", se lamenta. Incumplimientos y asignaturas pendientes Emilio Silva —también nieto de un desaparecido— lamenta que 75 años después todos los problemas que tienen que ver con la memoria histórica sigan vigentes; que las normas que se legislan acaben subdesarrolladas y se pongan cada vez más trabas a las exhumaciones. La asociación que representa no entiende tampoco que se invierta más en el Valle de los Caídos que en recuperar a los desaparecidos (en 2013 el Ejecutivo anunció que iba a invertir 214.000 euros en restaurar la portada de la basílica), y que se ignore el mandato de la ONU respecto a las obligaciones del Estado Español. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas emitió un informe en septiembre pasado en el que instaba a España a investigar las desapariciones del Franquismo, al considerar que se tratan de delitos imprescriptibles y no sujetos a amnistías, como la de la Ley de 1977. La organización internacional remarcó la "situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura". Las otras grandes asignaturas pendientes son el Valle de los Caídos y el tema de los nombres de calles y símbolos franquistas  Pero a Silva le pesa, sobre todo, la ignorancia del pasado y considera que el mejor homenaje a los represaliados en la Guerra Civil y el franquismo se debe hacer en los libros de texto, para que esta terrible etapa de la historia de España "no esté relegada al final donde nunca se llega, ni con biografías blanqueadas que garantizan la incultura de los derechos humanos". Las otras grandes asignaturas pendientes son el Valle de los Caídos y la retirada de los nombres de calles y símbolos franquistas que aún existen en numerosos municipios y ciudades de España. El problema es que la ley, según el doctor en Ciencia Política e investigador Jesús de Andrés, "está muy subdesarrollada" y, pese a que inicalmente era muy ambiciosa, "al final se quedó en agua de borrajas". "Fue un brindis al sol", añade. "Implica cierta obligación de retirar símbolos franquistas, pero no especifica cuáles ni cómo hacerlo". El resultado es que queda todo en manos de la voluntad de los ayuntamientos, y aunque con los años se han ido retirando muchos, hay numerosos lugares en los que aún perduran. Solo en Madrid, por ejemplo, hay más de 150 símbolos y calles con nombres franquistas. En cuanto al Valle de los Caídos, la ley solo habla de la prohibición de celebrar allí actos políticos. El Ejecutivo de Zapatero constituyó una Comisión de Expertos para reinventar el monumento, y en noviembre de 2011 emitió un informe en el que recomendaba trasladar los restos de Franco e iniciar trabajos para identificar a los 12.410 cadáveres desconocidos que aún reposan en el templo. El Gobierno de Rajoy aparcó el asunto y, el verano pasado, manifestó en respuesta escrita al diputado socialista Ramón Jáuregui que no tiene intención de actuar para cambiar de significado el  monumento que Franco ideó para inmortalizar su victoria. El argumento esgrimido fue que no querían "reabrir heridas innecesarias

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2102764/0/desaparecidos/guerra-civil/exhumaciones/#xtor=AD-15&xts=467263
                             Angel Varela Garcia.

El gobierno estrangula la Sanidad publica.

CRECIMIENTO INSOSTENIBLE DEL GASTO FARMACÉUTICO

El Gobierno "estrangula" el gasto sanitario público y firma un pacto con Farmaindustria

El Gobierno, representado por los Ministerios de Sanidad y Hacienda acaba de firmar un acuerdo con Farmaindustria que es claramente lesivo para los intereses de la Sanidad Pública.
"Es realmente vergonzoso este interés del Gobierno en garantizar los negocios de sus amigos mientras mantiene los recortes en la Sanidad Pública"
El Pacto en esencia garantiza un crecimiento del gasto farmacéutico igual que el del PIB, asegurando así un crecimiento insostenible del gasto farmacéutico.
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Conviene recordar que nuestro país tiene un elevado gasto farmacéutico (una 3.000 millones de euros anuales mayor que lo que nos correspondería si tuviéramos el promedio de gasto farmacéutico de los países de la OCDE, pero además que este gasto farmacéutico no ha parado de crecer en los últimos tiempos (en los 8 primeros meses de 2015 el 9,2%).
Además las previsiones del Gobierno son que la financiación sanitaria disminuya en relación al PIB (hemos pasado de un gasto sanitario público del 6,7 % del PIB al 5,9% en 2014 con una previsión del 5,6% en 2016), de esta manera "el aumento mantenido del gasto farmacéutico acabara estrangulando el gasto sanitario público".
Otra cuestión llamativa es el momento en que se realiza el acuerdo, con unas elecciones a la vista en las que el PP previsiblemente perderá su mayoría absoluta y con un Parlamento disuelto momento en el que se establece un compromiso por un año. "Es realmente vergonzoso este interés del Gobierno en garantizar los negocios de sus amigos mientras mantiene los recortes en la Sanidad Pública e intenta impedir que algunas CCAA garanticen el acceso a la atención sanitaria de todas las personas", denuncia la FADSP.                              Angel Varela garcia.

El New York Times destripa.......

Publicado: Viernes 6/11/2015

El New York Times destripa la libertad de prensa española, sometida por el Gobierno y los bancos

“Los medios de información españoles, bajo la opresión del gobierno y la deuda”. Con este duro titular, el destacado periódico estadounidense The New York Times publicaba este jueves un incisivo artículo sobre los medios de comunicación en España, destacando con contundencia la falta de independencia de los grandes periódicos españoles, como El País o El Mundo, sometidos a la injerencia política y al control de los acreedores.
New York Times_Prensa EspañolaEl diario estadounidense señala la “tormenta perfecta” que ha sufrido en España la industria de la información, acosada por grandes deudas que han provocado una rápida reestructuración financiera que ha llevado a la pérdida de su puesto de trabajo a 11.000 periodistas en siete años y a la pérdida de libertad de los editores para decidir qué noticias ofrecer o cómo, favoreciendo a las entidades a las que deben enormes cantidades de dinero.
El New York Times también arremete contra el Gobierno de Mariano Rajoy como causante del deterioro de los medios en España, acusando al Partido Popular de actuar agresivamente contra la crítica pública y de ejercer opresión contra la libertad de prensa, apuntando directamente a la “Ley Mordaza”, que impone severas multas contra las protestas ciudadanas y penaliza la grabación en vídeo de las actuaciones policiales. En este sentido, el diario cita el informe crítico sobre la situación de la libertad de información en España de International Press Institute, publicado esta misma semana.
Sin embargo, según el diario, son las presiones menos evidentes las que han incrementado la preocupación sobre la libertad de expresión en España. “Muchos en el sector señalan que la formidable combinación del Gobierno y de las presiones financieras han anulado su capacidad para cubrir noticias en las que se da un conflicto de intereses con las grades empresas y los políticos, en un momento en el que se multiplican los escándalos financieros y políticos que han surgido a raíz de la crisis de la deuda española”.
El artículo, escrito por el periodista Rapahel Minder, recoge los testimonios de diversos profesionales de la información y ejemplos de casos en los que esta manipulación se ha dado en los medios de prensa españoles, destacando también el caso de RTVE y las denuncias de sus propios trabajadores sobre el control del Gobierno en la programación de los informativos del ente público, mencionando el cambio de ley introducido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, “sin el consentimiento del resto de partidos”, para designar a los directivos de RTVE favorables al Partido Popular.
Como ejemplos del control político y la censura en RTVE, el New York Times incluye la ausencia de noticias sobre el conflicto de intereses entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los contratos públicos a una empresa de su propiedad, o los múltiples casos de corrupción por los que el ente ha pasado de puntillas.
En este sentido, el New York Times también disecciona al diario El País, recogiendo las denuncias de los periodistas del periódico español sobre la eliminación o modificación de artículos en su web, como los que hacían referencia a Qatar en un momento en el que el grupo Prisa negociaba con una empresa qatarí para que invirtiera en su grupo empresarial. O también artículos críticos con Telefónica, incluida en el grupo Prisa, que fueron alterados en la publicación del diario, motivo por el cual dos periodistas de su redacción decidieron dimitir recientemente.
Con respecto a El Mundo, el diario estadounidense adjunta la versión de su antiguo director, Pedro J. Ramírez, quien afirma que su salida del periódico se debió no a las pérdidas financieras en las que se escudaba el periódico sino a la publicación de los famosos SMS de Mariano Rajoy al extesorero del PP Luis Bárcenas. “Los periódicos ya no están dirigidos por los editores sino por jefes ejecutivos preocupados por las cuentas y que tratan de mantener buenas relaciones con quienes están en el poder”, asegura Ramírez a The New York Times.
Casimiro García-Abadillo, quien sucedió brevemente a Ramírez al frente de El Mundo, también se expresa en este sentido, denunciando “la falta de libertad de maniobra” de los editores: “hay multitud de casos en los que las noticias críticas sobre grandes instituciones o no son publicadas o son publicadas de una manera amistosa”.
Como contraste, The New York Times recoge las palabras del responsable de prensa del Partido Popular, Pablo Casado, quien afirma ser desconocedor de cualquier queja por parte de periodistas sobre interferencias políticas en su trabajo. “No veo ningún problema con la prensa en España”, asegura Casado.                                       Angel Varela Garcia.